El empresariado mexicano en el período de reforma económica (1982-1994)

Contenido

1. Introducción

2. El Estado nacional-revolucionario y el empresariado: organización, relación, representación
2.1. La organización corporativista del sistema mexicano
2.2. Las características políticas y económicas del empresariado mexicano
2.3. La relación entre el empresariado mexicano y el Estado nacional-revolucionario
2.4. La organización empresarial en el Consejo Coordinador Empresarial

3. El escenario del cambio (1982-1994)
3.1. El año 1982 como punto de inflexión
3.2. Reformas hacia el modelo aperturista-neoliberal
3.3. Los empresarios en el escenario del cambio
3.4. Polarización del empresariado, de la industria y concentración del ingreso

4. Conclusión

5. Bibliografía

1. Introducción

El período 1982-1994 fue crucial para México. Se destaca como un importante período de transición económica con múltiples efectos en la organización política y social. Cabe destacar, que si bien el fin de la hegemonía política del PRI recién se dio en el año 2000 -con la victoria electoral del candidato panista Vicente Fox- la salida del modelo desarrollista a partir de 1982, y la posterior imposición de un modelo de acumulación aperturista-neoliberal, demandó el desmantelamiento de las bases corporativas del Estado nacional-revolucionario (ENR). Es este “escenario del cambio” (Luna/Tirado, 243) el que interesa aqui y será profundizado a continuación. Mi intención es analizar el comporta­miento del sector empresarial en este período. Para ello, me basaré en el Consejo Coordinador Em­presarial (CCE) como su estructura de representación más importante y con gran participación en el escenario del cambio. Las dos preguntas rectoras, en torno a las cuales indagaré, son:

· ¿Qué papel tuvo el CCE en el período de reforma económica (1982-1994) y cuál fue su postura frente al proceso aperturista llevado a cabo en él?

· ¿Cómo incidió su estructura organizativa a la hora de representar a la totalidad del empresariado mexicano?

El modelo aperturista-neoliberal no era consistente con el discurso nacional-revolucionario preva­leciente desde 1917. Sobre todo los sectores obrero y campesino eran un obstáculo a la liberalización económica. Por eso, la imposición del nuevo modelo demandó una serie de profundos cambios, especialmente a la organización corporativa del Estado priista. Este proceso (Reforma Económica del Estado) fue impulsado por un grupo del PRI con clara orientación tecnocrática, junto a los grandes sectores empresariales. Según Luna y Tirado, “un proyecto que ha tenido un impacto decisivo en el gobierno y en la sociedad” (Luna/Tirado,243). Con la adopción de políticas neoliberales el Estado abandonó su alianza con los sectores populares del ENR para pasar a aliarse con su tradicional oponente: el empresariado.

La teoría empleada aqui parte de la base que, a diferencia de los sectores populares del PRI, la estructura de representación social-corporativa del empresariado benefició e incluso aceleró la imposición del modelo aperturista-neoliberal. La arquitectura vertical del CCE y su desequilibrio de fuerzas canalizaron la instauración de un modelo económico que no era beneficioso para amplios sectores del empresariado mexicano (ni de la sociedad). Es notable, que dentro del empresariado mexicano, tradicionalmente heterogéneo en cuanto a sus posibilidades económicas y políticas, la liberalización económica profundizó un proceso de polarización industrial y de concentración del ingreso. Puede argumentarse entonces que, la organización corporativa benefició en gran medida a los defensores del modelo neoliberal-aperturista -el minoritario polo empresarial desarrollado y competitivo- mientras que perjudicó a un gran resto de empresas menos competitivas. Aunque fueron evidentes los intereses de los grupos del capital industrial-financiero más concentrado para cambiar el modelo, estos supieron utilizar al CCE como vehículo para transimitir un accionar colectivo.

2. El Estado nacional-revolucionario y el empresariado: organización, relación, representación

La revolución mexicana (1910-1920) y su posterior institucionalización (1920-1940)^[1] fueron deter­minantes para el futuro desarrollo del país. De ello resultó una organización socio-política peculiar, si se la compara con otros países de América Latina. En esta primer parte se trata de explicar las principales características del ENR y las del empresariado mexicano. Es un requisito previo para comprender una relación que fue inestable, tensa y simbiótica a la vez. Esto implica, describir la estructura corporativista del sistema mexicano. A continuación, se describen las principales características políticas y económicas del empresariado. Estos factores nos llevarán a entender el papel del empresariado dentro de la estructura del ENR y el porqué de su organización social-corporativa en una cúpula de cúpulas.

2.1. La organización corporativista del sistema mexicano

Para poder comprender mejor la posición del empresariado (=sector privado) en el ENR, es necesario dedicar un párrafo a la organización corporativista del Estado, sus fines, sus ventajas y sus limitaciones. El ENR que fue tomando forma a partir de 1917^[2] obtenía su hegemonía política del partido único, el PRI. Este estaba organizado corporativamente. Philippe Schmitter define corporati­vismo (o corporatismo) "[...] como un sistema de representación de intereses en el cual las unidades constitutivas se organizan en un limitado número de categorías singulares, compulsorias, no concurrentes, ordenadas jerárquicamente y diferenciadas funcionalmente, reconocidas y autorizadas (si no es que creadas) por el Estado, y a las que se les reconoce un monopolio explícito de la representación dentro de sus respectivas categorías a cambio de observar ciertos controles en la selección de sus líderes y en la articulación de sus demandas y apoyos" (Schmitter en Ortiz Rivera, 104).

En este punto se hace necesario delimitar y distinguir el concepto. El corporativismo es, en primer lugar, una forma de articulación de intereses y no una forma o un régimen de gobierno. En segundo lugar, puede distinguirse entre corporativismo estatal y corporativismo social; estos tienen poco en común. El corporativismo estatal está organizado en forma jerárquica, mediante grupos sectoriales orquestados por y desde el Estado. Estos, al responderle, son controlados más fácilmente a la hora de tomar y legitimar decisiones. El corporativismo social en cambio es autónomo del Estado, funciona con representación abierta, y suele ser impulsado desde abajo hacia arriba. Es más bien típico en países con Estados fuertes y sociedades civiles activas, donde el Estado se limita a reconocer el monopolio representativo de grupos previamente formados para facilitar la gobernbilidad (Bizberg, 697).

El corporativismo mexicano vigente entre 1917 y 2000 fue de carácter estatal y autoritario. Como observa Bisberg, el corporativismo estatal es un rasgo típico del sistema institucional de muchos países en vías desarrollo. En estos se destaca principalmente la poca autonomía del sistema político respecto al Estado (Bizberg, 698-699). Así también el caso de México durante el ENR, donde el Estado actuaba como agente de desarrollo^[3] institucionalizando los derechos populares. En una primera fase su tarea había consistido en la creación de actores sociales, o sea los distintos sectores del sistema corporativista (campesino, obrero, popular). Estos eran dominados por el PRI como partido único. En la punta de esta pirámide corporativa se encontraba la conducción del partido, que cada sexenio designaba un nuevo presidente (que era ratificado electoralmente a través de elecciones)^[4]. Con los relevos presidenciales cada sexenio se daba un moderado ritmo pendular en las política, acorde a la orientación ideológica del elegido. Prácticamente puede decirse, que en esto se agotaba la organización del sistema político mexicano. El Estado engendrado por la revolución mexicana se limitó a erigir una base sobre la cual posicionarse como agente de desarrollo.

Nos encontramos entonces frente a un sistema político dominado por una rígida organización estatal que imponía las reglas de juego, y veía a los actores sociales como una amenaza que debía ser controlada. Esto dio lugar a un proceso de institucionalización por vía autoritaria que generó actores sociales débiles. Para el ENR la ideología popular y nacionalista era más importante que las formas y los procesos legales. El sistema político dependía entonces únicamente de las necesidades de movilización y control del Estado, y no de los requerimientos de representación de la sociedad civil. Bizberg ve en este punto un desequilibrio clave. La legitimidad del sistema político quedaba reducida a la capacidad del Estado de responder a las expectativas de los distintos sectores de la sociedad como agente de desarrollo. En ese marco legitimatorio, todo quedaba entonces reducido a la acción estatal en los campos ecónomico y social, asi como a su capacidad de integrar a la población al proceso desarrollista (Bizberg, 703-705). Por ende puede afirmarse, que la debilidad del sistema corporativo radicaba en que solo podía funcionar al no haber crisis económicas y reclamos sociales que lo desestabilizaran.

El manejo de la economía y la capacidad estatal de generar crecimiento y empleo demandaban una relación fluida con el sector privado. Este era un agente importantísimo dentro del modelo desa­rrollista. ¿Cuáles eran sus características políticas y económicas? ¿Cuál era el lugar del empresariado dentro del ENR? ¿Qué rol le era designado? ¿Cómo era su relación frente al Estado/gobierno? Estas son las preguntas que serán abarcadas a continuación.

2.2. Las características políticas y económicas del empresariado mexicano

El empresariado mexicano siempre se caracterizó por ser sumamente heterogéneo, tanto en lo político como en lo económico^[5] (Luna/Tirado, 245). Paradójicamente, sus estructuras de representa­tivas nunca parecieron tener en cuenta este detalle, ya que tradicionalmente se optó por una repre­sentación unificada y colectiva de todo el sector privado, ignorando su heterogeneidad. Una posible explicación a esto reside en la historia post-revolucionaria de México. Durante el período priista (1917-2000) la organización del sector privado se vio condicionada indirectamente por el sistema corporativista estatal, si bien nunca conformó un sector propio dentro de el, por diferencias ideológicas e históricas (Ortiz Rivera, 107). Pareciera que la estructura estatal corporativa inspiró a su vez la representación piramidal del empresariado. A esto se le suma que México fue una economía mixta hasta fines de los años ochenta, con un vasto sector empresarial “paraestatal” operando junto al privado.

Políticamente pueden distinguirse desde el temprano período post-revolucionario dos facciones históricas dentro del empresariado: la de los “moderados negociadores” y la de los “radicales confrontadores” (Luna/Tirado, 246). Mientras que la primera era mayoritaria y buscó rápidamente un entendimiento con el ENR, la segunda mantuvo una posición crítica y confrontativa. Es de este segundo sector tradicionalmente conservador que surgió el PAN en 1939 cómo único gran partido opositor (pero sin chances de llegar al poder hasta el año 2000). Recién en los años ochenta los empresarios comenzaron a emprender carreras políticas, especialmente en las filas del PAN. En este período también se dio una reconfiguración de las facciones políticas frente al gobierno, que será especificada más adelante.

La heterogeneidad económica del empresariado se manifiesta sobre todo en cuanto a la diversidad de sus sectores (agrícola, industrial, comercial, servicios), sus dimensiones (desde microindustrias con menos de cinco personas hasta conglomerados transnacionales con diezmiles de mpleados), su articulación hacia el aparato productivo (p.ej. criterios como el acceso al crédito, la dotación tecnológica y la competividad internacional) y la ubicación geográfica. Coexisten centros industriales muy desarrollados, como el D.F. o Monterrey, e industrias poco desarrolladas en Estados atrasados como Oaxaca o Guerrero (Luna/Tirado, 245).

2.3. La relación entre el empresariado mexicano y el Estado nacional-revolucionario

La situación del empresariado mexicano era un poco diferente y más compleja que la de los grupos sectoriales dentro del sistema corporativo.^[6] El empresariado no estaba incluido formalmente dentro de la estructura corporativa estatal por razones ideológicas obvias. No debe olvidarse, que los empresarios habían sido en gran parte enemigos naturales del proceso revolucionario. El posterior re-acercamiento entre el Estado priista y los empresarios se tornó cuidadoso, aunque necesario para ambas partes:

[...]

^[1] Me remito aqui a la periodización establecida por Hans Werner Tobler (1984).

^[2] Año en que fue sancionada la constitución revolucionaria.

^[3] El modelo desarrollista no puede ser abarcado aqui en profundidad, aunque su funcionamiento y sus bases serán explicados brevemente en los próximos párrafos en relación con el sector privado.

^[4] Las elecciones no eran realmente democráticas ya que se sabía que el candidato del PRI iba a ganar. Sin embargo, mientras el sistema funcionó (gracias a una suma de crecimiento económico e integración social que funcionó durante un período de aprox. 30 años, entre 1940 y 1968) puede partirse de la base que los sectores corporativos si votaban mayoritariamente por el candidato de “su” partido. 1988 fue la primera elección presidencial donde se sospecha que el PRI incurrió fraude electoral para mantenerse en el poder.

^[5] Puede decirse que esta heterogeneidad se ha incrementado más aún.

^[6] Los tres sectores del PRI eran el sector campesino, el sector obrero y un tercer sector comúnmente deno­minado “popular” que reunía a la burocracia estatal, los empleados públicos, maestros, etc.